Las noticias están llenas de ejemplos en los que el Estado se ve obligado a reaccionar ante acciones virtuales con consecuencias reales (libertad de opinión en las redes sociales durante las elecciones, ataques informáticos a grandes empresas nacionales que pueden paralizar un país).

En este contexto, el Gobierno francés organizó una conferencia sobre soberanía digital en París los días 7 y 8 de febrero de 2022. A continuación presentamos una mirada retrospectiva a una cuestión fundamental para Oodrive, para comprender mejor los temas en juego y el papel que las empresas francesas deberán desempeñar en materia digital en los próximos años.

Soberanía digital: una definición compleja

Para entender la noción de soberanía digital, es necesario concebirla desde varios ángulos (jurídico, político, económico) y en un marco de confrontación perpetua entre el ciclo corto del progreso digital y el ciclo largo del debate político.

En 2019, el informe de la comisión de investigación del Senado francés sobre la soberanía digital la definió como «la capacidad del Estado para actuar en el ciberespacio»[1]. En concreto, la soberanía digital es el poder del Estado para controlar e influir en el mundo digital, incluidos los datos.

Desde el punto de vista jurídico, esta soberanía puede ser liberal y defensiva (derecho a la protección de datos personales en Europa, protección de la ciudadanía frente a los GAFAM). La otra, más autoritaria, consiste en la afirmación de la autoridad estatal sobre las empresas que poseen cada vez más datos (por ejemplo, China y la censura de los motores de búsqueda). La soberanía digital también puede verse desde una perspectiva económica y política. Así, el término puede referirse a un Estado que desea reequilibrar la balanza de poder y eliminar una preocupante dependencia digital de las multinacionales extranjeras, capaces de imponer normas a través de situaciones cuasi-oligopolísticas y bajo la jurisdicción de otros países (extraterritorialidad).

El mismo Estado también puede hacerlo para proteger a las empresas en su territorio. No es de extrañar que el 65 % de los ejecutivos y directivos franceses crean que la soberanía digital es un problema importante para su empresa[2].

Los gigantes digitales (Amazon, Google, etc.) acumulan datos y tienen el control total de la cadena de valor, creando así una relación de fuerzas entre quienes tienen los datos y quienes simplemente consumen los datos transformados. Además, la acumulación de datos hace que sea cada vez más difícil competir con estos actores (efecto red de datos).

En concreto, se está estableciendo un círculo virtuoso. Cuantos más datos recoja una empresa de nuevos clientes, más podrá mejorar la relevancia de sus algoritmos, más mejorará la calidad de sus servicios o productos para atraer más fácilmente a nuevos clientes.

La falta de control sobre estos datos puede suponer una importante desventaja competitiva a escala nacional. ¿Cómo podemos desarrollar tecnologías futuras si ni siquiera controlamos nuestros propios datos? ¿Cómo hacer que nuestras empresas sean más competitivas si dependen tecnológicamente de otras empresas para generar valor?

Estas mismas multinacionales están desarrollando algoritmos que tienen un impacto considerable en la vida de los ciudadanos y en las actividades de las empresas, decidiendo la eliminación de contenidos según criterios arbitrarios, etc. Algunas incluso están desarrollando servicios equivalentes a los de los Estados, compitiendo con ellos en sus misiones ejecutivas (por ejemplo, el Proyecto Libra y Facebook).

Las implicaciones de la soberanía digital a nivel nacional y europeo

A nivel nacional, la mayoría de los Estados no tienen soberanía digital a pesar del contexto sensible (ciberdelincuencia, espionaje de Estado, etc.). Peor aún, a menudo se encuentran en una situación de fuerte dependencia de los gigantes digitales. La consecuencia es un Estado incapaz de garantizar la ciberseguridad de sus intereses estratégicos y bajo la amenaza de convertirse en una «colonia digital» frente a países que utilizan el principio de extraterritorialidad con fines estratégicos[3].

Las escasas iniciativas a favor de una verdadera soberanía digital siguen chocando regularmente con la inventiva de los GAFAM en materia de optimización fiscal y con el desconocimiento de las nuevas tecnologías (cultura del dato) por parte de los legisladores. A nivel europeo, las cosas afortunadamente se están moviendo más deprisa, porque existe una necesidad urgente. Como recordatorio, el 92 % de los datos occidentales están alojados en Estados Unidos[4]. Así, se han aprobado ciertos derechos en relación con la protección de datos (RGPD).

Además, algunos proyectos están ahora en estudio (nube soberana europea[5]), pero todavía no hay nada tan avanzado como los competidores extranjeros. Sin embargo, los europeos parecen haberse dado cuenta de que para competir con países como China o Estados Unidos es necesario unirse y crear campeones europeos que dispongan de un mercado importante y de ayudas públicas a la altura de los desafíos.

La iniciativa «Scale Up Europe»

La necesidad de crear campeones europeos se refleja en el desarrollo de programas de apoyo a numerosas empresas emergentes. Por eso, en marzo de 2021 se puso en marcha la iniciativa «Scale Up Europe», lanzada junto con la Comisión Europea. Esta reúne a diversas partes interesadas con un objetivo común: crear más de 10 empresas tecnológicas por valor de más de 100 000 millones de euros en la UE antes de 2030.

Estas empresas permitirán ofrecer una alternativa a las ofertas extranjeras (el 69 % de los franceses se sienten obligados a utilizar los servicios de los gigantes americanos por falta de alternativas europeas[6]); reforzar la soberanía digital europea; y también promover la prosperidad del continente a través de la innovación. La soberanía digital es, por tanto, una cuestión presente y futura que afecta no solo a las empresas, sino a los Estados en su conjunto. El desarrollo de tal soberanía debe ser necesariamente fruto de un esfuerzo conjunto entre los sectores privado y público a nivel europeo. El objetivo es fomentar el desarrollo y la adopción de alternativas técnicamente maduras pero comercialmente accesibles ante las soluciones existentes.



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